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Solicitó al gobierno que exija un "Protocolo Policial"

Carabineros en la mira de Unicef por operativos en La Araucanía donde han resultado niños heridos

“Condenamos todo acto de violencia que amenace o ponga en riesgo la estabilidad física o emocional de niños, niñas y adolescentes”, señaló el organismo a través de un comunicado. Cuando el organismo dependiente de Naciones Unidas daba a conocer su posición, un grupo de mujeres mapuche se tomó sus dependencias en la capital, dando inicio a una ocupación que, aseguraron, era de "carácter indefinida".

 

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) pidió este jueves que las medidas anunciadas por el gobierno para la Región de La Araucanía contribuyan a proteger a los niños, niñas y adolescentes que viven en la zona del llamado conflicto mapuche.

A través de un comunicado, la sección chilena del organismo señaló que las iniciativas deberían considerar un Protocolo Policial que regule el actuar de las policías cuando en los procedimientos estén presentes menores de edad y mujeres.

Asimismo, UNICEF señaló que espera que la iniciativa destinada a enviar a la Región de La Araucanía a un equipo multidisciplinario para evaluar ayuda y asistencia a víctimas, considere apoyo especial para los menores de edad que se han visto afectados por los hechos de violencia de las últimas semanas.

El organismo internacional explicó que los niños, niñas y adolescentes necesitan asistencia especial para recuperarse de los efectos de la violencia, ya que esta “les causa sentimientos de inseguridad, miedo, inestabilidad emocional, conductas regresivas que les afecta su normal desarrollo”.

UNICEF reiteró su rechazo y condena a los hechos de violencia que han ocurrido en las últimas semanas, que han afectado a menores de edad. “Condenamos todo acto de violencia que amenace o ponga en riesgo la estabilidad física o emocional de niños, niñas y adolescentes”.

Finalmente, el organismo internacional hizo un especial llamado a las autoridades y actores involucrados a encontrar una solución pacífica al conflicto y manifestó su disposición a continuar colaborando activamente en la construcción de un contexto social y político para la interculturalidad, que garantice el pleno respeto de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes de Chile

 


De: RedInfanciaChile [Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Asunto: Niñez Mapuche: Declaración ROIJ y Comunicado ANIDE

 

Estimados y Estimadas: Les enviamos Declaración Pública de la Mesa Nacional de la ROIJ y Comunicado de la Fundación ANIDE, en torno a los graves hechos de violencia ocurridos en la última semana, en la Región de la Araucanía, Chile.

Declaración Pública

La Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile (ROIJ-Chile), que agrupa a 36 organizaciones a nivel nacional,  le manifiesta a la comunidad nacional e internacional:

 

Nuestra preocupación y profundo rechazo a los violentos operativos policiales que han afectado a las comunidades Mapuche, en el marco de la legitima reivindicación de sus territorios ancestrales, las que han dejado nuevamente a niñas y niños heridos[1].

 

Se hace urgente la necesidad de que las policías adecuen sus procedimientos para resguardar la integridad física de las comunidades, especialmente cuando hay niños y niñas presentes[2]. Es por esto que rechazamos enérgicamente las declaraciones del SEREMI de Gobierno en de la Araucanía[3], quien desconoce el rol de Garante Principal de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que tiene el Estado de Chile, al haber ratificado la Convención de Derechos del Niño, más aún esta tesis es respaldada por el principal jefe policial de la zona[4], ambos se desligan de sus responsabilidades respecto a su rol en la protección de niños, niñas y adolescentes, en tanto funcionarios públicos.

No hay situación alguna que justifique la violación a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y sus comunidades, por lo que en conjunto con la Fundación ANIDE, hemos enviado los antecedentes a la Relatoría de la Niñez, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, para que le manifiesten su preocupación al Gobierno de Chile. Y nos sumamos a los llamados para que los Organismos Internacionales de Derechos Humanos se puedan hacer presente en la zona del conflicto.

Esperamos que el abordaje del conflicto por derechos territoriales de las Comunidades Mapuche, y no se siga abordando bajo ningún tipo de violencia, por parte del Estado de Chile, y avance en el reconocimiento del conflicto y reconozca a las víctimas y su responsabilidad, primer paso de las medidas reparatorias hacia los niños y niñas Mapuche.

Y por el bien de todos los niños y niñas que habitan este territorio, el Estado debe avanzar en la generación de instituciones y políticas públicas como un Defensor Autónomo de la Niñez, un Observatorio de la Niñez y una Ley de Protección Integral, todas ellas con la participación activa de la Sociedad Civil y de los propios Niños, Niñas y Adolescentes.

Santiago de Chile, 26 de julio de 2012

 

MESA NACIONAL

RED DE ONGS DE INFANCIA Y JUVENTUD DE CHILE

ANIDE frente a la “Cumbre de seguridad”

El Ejecutivo no asume la gravedad de sus dichos ni de sus actuaciones

Comunicaciones ANIDE

A comienzos de semana el gobierno generó gran expectación al anunciar la realización de una “cumbre de seguridad” para analizar la situación de la Araucanía. Efectivamente, el magno encuentro se realizó el martes en el Palacio de la Moneda; lo encabezó el Presidente de la República y asistieron a él las máximas autoridades de Interior, de las instituciones encargadas del orden público, del Ministerio Público y de la Región de la Araucanía.

 

Al término de la cita el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, dio a conocer que el gobierno pondrá en marcha “un Plan Especial de Seguridad Regional” que “tiene por objeto brindar a nuestros compatriotas la respuesta adecuada por parte de cada institución, a un clima de violencia que desgraciadamente ha recrudecido”.

 

Tiene razón el funcionario. El clima de violencia ha recrudecido: en el curso de 2012  se han vivido jornadas de violencia casi apocalíptica en una zona de la Araucanía, Ercilla, que por momentos parece escenario de guerra, con patrullas armadas recorriendo los poblados, controlando los caminos, con helicópteros sobrevolando las comunidades mapuche, con caravanas de vehículos policiales ingresando a las comunidades mapuche disparando sus armas y haciendo el aire irrespirable por las bombas lacrimógenas lanzadas al interior de los patios y de los hogares.

 

La violencia excesiva en los procedimientos policiales en esa zona no reconoce género, edad, ni condición de las víctimas. Sólo por disparos de escopetas se registran en los últimos meses al menos siete personas menores de edad heridas. Y, están además los que han sido golpeados o que han resultado asfixiados por los gases lacrimógenos. Entre los afectados figuran un adolescente (L.,N, C., 16 años) que recibió diez impactos de balines metálicos en diversas zonas de su cuerpo en la Comunidad Tradicional de Temucuicui el 20 de abril; un anciano y tres niños de 12, 14 y 15 años lesionados por balines y golpes en un allanamiento a la comunidad Wente Winkul Mapu el 7 de junio. Y por ahora la serie concluye con otras cinco personas menores de edad heridas en las violentas acciones protagonizadas por Carabineros de Chile tras desalojar una ocupación pacífica de la misma Comunidad Tradicional de Temucuicui el 23 de julio, y atacar posteriormente a un grupo de comuneros que junto a sus niños y niñas esperaban noticias de sus heridos a las afueras del Hospital de Collipulli.

 

Eso en un balance grueso de lo ocurrido sólo en el período más reciente. Porque el tema viene de lejos. Y las autoridades lo saben pero no se hacen cargo de ello.

 

En marzo de 2011, Fundación ANIDE y la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile (ROIJ Chile), expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe con decenas de casos documentados desde el año 2001 sobre niños, niñas y jóvenes mapuche víctimas de la violencia del Estado, el cual señalaba que “a la fecha, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones de Chile han sido responsables del homicidio de un menor de edad (Alex Lemún, 2002), de heridas productos de balines a niños y niñas entre 9  meses y 17 años, asfixias por bombas lacrimógenas en casa habitación y recinto escolar, golpes y patadas, encañonamiento y  golpes con armas de fuego, tortura, amenaza de muerte por inmersión, tratos degradantes, persecución, allanamientos a establecimientos educacionales, tratos inhumanos durante la  detención, hostigamiento, secuestro, discriminación racial y violencia psicológica de corte racista, detenciones arbitrarias, interrogatorios que no respetan el debido proceso a menores de edad, detenciones sin aviso a los padres y madres ni información sobre su paradero, hostigamiento y amenazas durante los horarios de clases y en los recintos escolares, amenazas de muerte, registro de huellas digitales y pruebas para registro de ADN a niños y niñas sin consentimiento de los padres y madres”.

 

Como se puede observar entonces, el panorama actual no ofrece novedades. No ha decaído ni la agresión, ni los abusos; se mantiene la violencia excesiva de los agentes del Estado en contra de los comuneros mapuche y de sus hijos e hijas. La violencia hacia la niñez mapuche es la norma; los hechos demuestran que no hay protocolos de actuación policial diseñados de acuerdo a la normativa internacional, suscrita por el Estado de Chile,  que protege los derechos del niño, y mucho menos que considere la especial condición de los pueblos originarios.

 

Por lo demás, así lo han reconocido algunos dictámenes judiciales recientes. Por ejemplo, sobre el último allanamiento sufrido por la comunidad Wente Winkul Mapu, la Corte Suprema dictaminó que la actuación de Carabineros implicó “un uso excesivo de la fuerza” e instó a sus responsables a ejercer sus funciones “con estricta sujeción a la normativa institucional y legal vigente, teniendo una especial consideración respecto de los menores de edad”.

 

Pero ni siquiera esta reacción mínima de la judicatura en defensa de los derechos básicos de la población originaria permean la voluntad del Ejecutivo. Un  día después de la “cumbre de seguridad”, el jefe de gabinete se permitía poner de manifiesto “su desencanto frente a la forma en que están actuando los jueces”, según informaba el diario “La Segunda”. En sintonía con sus dichos, ministros y funcionarios de la administración regional han alentado, en semanas previas, las iniciativas y febriles declaraciones de  dirigentes gremiales llamando a crear organizaciones paramilitares y a tomar las armas para enfrentar a quienes consideran sus enemigos. Aunque, en la práctica ya lo están haciendo desde hace tiempo, como lo demuestra el caso de uno de los niños heridos por Carabineros el lunes, que en julio del año pasado había sido baleado por un hacendado cuyas  tierras reivindica su comunidad como parte de su territorio ancestral.

 

Sin embargo, las autoridades no asumen la gravedad de sus dichos ni de sus actuaciones. Y optan   por militarizar la zona y focalizar su atención en las denuncias y casos puntuales de delitos contra la propiedad. De esta manera terminan privatizando el conflicto y transformándolo en un problema de orden público que, como demuestra el resultado de la “cumbre”, se resuelve con más represión, con más policías en la zona, con mayor equipamiento y mayor coordinación entre las policías, con reforzamiento de la acción persecutoria, que incluye la aplicación de una aberrante Ley Antiterrorista creada durante la dictadura militar y perfeccionada y aplicada de manera implacable a los comuneros mapuche en el curso de la democracia.

 

Por lo demás, todas estas acciones implican cuantiosos fondos del erario público que las autoridades dispensan, sin ninguna transparencia, en una región que sigue destacando por concentrar los máximos niveles de pobreza del país.

 

El gobierno insiste en no asumir las razones de fondo de las actuales movilizaciones de los mapuche. Y resulta, por tanto, necesario recordarle que el conflicto social existe, y tiene raíces históricas, y su autoría corresponde al Estado de Chile como responsable de la mal llamada “Pacificación de la Araucanía”, que está en la base de la actual situación de desigualdad territorial, exclusión social y pobreza en que vive actualmente el pueblo mapuche.

 

Por otro lado, resulta preocupante  que sólo escasos sectores de la sociedad hayan reaccionado frente a este estado de cosas. Por ello parece destacable el planteamiento de ONGs del mundo humanitario, y de algunos personeros del PPD, del PS y de la Central Unitaria de Trabajadores, que han condenado la violencia institucional contra el pueblo y la niñez mapuche y resulta atendible y necesario el llamado para que observadores internacionales se hagan presentes en la zona del conflicto para certificar la realidad que están viviendo las comunidades.

 

Fundación ANIDE insiste una vez más en condenar la violencia de las instituciones del Estado ejercida contra niños, niñas y jóvenes mapuche y se une a los llamados para avanzar a través del diálogo en la búsqueda de justicia y solución para este conflicto.

 

Santiago, 26 de julio de 2012

Carlos Muñoz Reyes

Vocero Mesa Nacional 
Red de Ongs de Infancia y Juventud -Chile
Barnechea 322, Independencia. 
Santiago, Chile
Tel/Fax:(562) 7325006 - (562) 7779038
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Sitio Web: www.infanciachile.cl

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