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Convocatoria-Generales-V3

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Boletín de prensa
19 de junio de 2017

  • En el debate sobre la crisis política y económica de Venezuela se debe ponderar el interés superior de la niñez.

En el marco de la 47 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se realiza en Cancún, México; REDLAMYC Red Latinoamericana y caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, hizo un llamado a los Estados miembro a actuar para frenar los altos índices de violencia que viven niñas, niños y adolescentes en la región.

Respecto a la situación que se vive en el Estado de Venezuela indicó que es urgente que el estado permita ayuda humanitaria con alimentos y medicinas para niñas, niños y adolescentes. Especialmente aquellos alejados de las zonas urbanas y los integrantes de grupos altamente excluidos.

En su mensaje, Juan Martín Pérez García, Secretario Ejecutivo de esta red de redes destacó que la violencia generalizada representa uno de los mayores problemas en América Latina y el Caribe[1], algunas de sus expresiones son la violencia intrafamiliar y sexual, la migración forzada, las desapariciones forzadas, la trata de personas, la corrupción, la impunidad.

Señaló la migración infantil como una de las preocupaciones ya que condición migratoria coloca en una posición de vulnerabilidad a niñas, niños y adolescentes que enfrentan múltiples riesgos como: robo, secuestro, abuso sexual, homicidio, tráfico de órganos, explotación sexual y laboral.

Reconoció que, si bien se han dado avances en el ámbito legislativo con los Sistemas Nacionales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes estos “no han alcanzado a tener ni el presupuesto, ni la fuerza política para lograr sus cometidos de ahí que queremos animarles a que puedan colocar esfuerzo importante en ello.”

Por otro lado, frente a las políticas de seguridad se estima que en América Latina y el Caribe más de dos millones de niñas, niños y adolescentes tienen a su madre, padre privado de libertad, por ello, viven en una situación de vulnerabilidad que debe ser atendida por los Estados.

Otro de los retos es brindar atención y servicios de calidad a la primera infancia. De acuerdo con Pérez García “muchos estudios que nos dan cuenta del valor tan importante que tiene apoyar el desarrollo de niños y niñas en los primeros mil días de vida y desafortunadamente no es algo que esté presente en nuestra región.”

Otra de las crisis esta vinculada al abandono escolar, ejemplo de la gravedad de la situación es que más de la mitad de los adolescentes de 17 años de edad están fuera de la escuela. Ello requiere, garantizar trayectorias completas y exitosas, y no únicamente el acceso o la cobertura. De lo contrario “condenamos a este segmento de la población a trabajos precarios y a heredar la pobreza.”

Entre los graves retrocesos en la región están los procesos de reforma para reducir la edad de imputabilidad penal e incrementar las penas de privación de la libertad para las y los adolescentes en conflicto con la ley[2]. Es necesario frenar la criminalización de las y los adolescentes y de manera particular aquellos que son más pobres. Los sistemas de justicia para las y los adolescentes deben ser preponderantemente socio–educativos, resocializadores y promotores de una cultura de respeto a los derechos.

Es indispensable avanzar en la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes y hacer el tránsito y el cambio cultural. Los niños no son propiedad de las familias, no son propiedad de las comunidades, son ciudadanos y ciudadanas que requieren el reconocimiento y la escucha de todas y todos los Estados.

Finalmente se invitó a fortalecer el rol que tienen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, particularmente la Comisión Interamericana y su Relatoría de Derechos de la Niñez y al Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes; así como a animar para que la Asamblea escuche la voz de niños, niñas y adolescentes de forma directa ya que esta es la mejor forma de reconocerlos como ciudadanas y ciudadanos.


[1] La tasa de homicidios asciende a 21,6 por cada 100.000 personas de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL 2014

[2] A finales de 2010, en Panamá se aprobó una reforma al sistema de justicia juvenil que disminuyó la edad de imputabilidad penal de 14 a 12 años de edad, y en Costa Rica otra que permite la aplicación del derecho penal de adultos, a partir de los 15 años de edad. Brasil presentó este año el proyecto de ley proyecto ley PEC nº 171/1993 sobre "Iimputabilidade penal do menor". Los gobiernos de Honduras y Argentina también han colocado el tema de bajar la edad penal. En relación con las penas máximas, en El Salvador se incrementó de 7 a 15 años la medida de internamiento. En la República Dominicana, las y los adolescentes entre los 13 y 15 años de edad pueden ser sancionados con 3 y 10 años de prisión, y en edades de 16 a 17 años, entre 5 y 15 años de reclusión. Asimismo, en la actualidad hay proyectos similares en los órganos legislativos de Brasil, Colombia y Venezuela.

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